En Colombia algunos clubes armaron una lista negra de jugadores
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales denunció este grave hecho
Una gravísima denuncia fue presentada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) el pasado mes de abril ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) en contra de la Federación, la Dimayor y algunos clubes profesionales; por impedir que los jugadores puedan negociar sus propios contratos y derechos de imagen.
Según el diario bogotano El Espectador, la denuncia aseguraba que varios clubes se habrían puesto de acuerdo para conformar una lista negra con jugadores que habían intentado alegar por sus derechos.
Luego, el mismo diario informó que ante esta denuncia la SIC abrió una investigación formal puesto que encontró varias evidencias que, en su juicio, ameritan un pliego de cargos por varias conductas que constituirían competencia desleal en contra de los derechos laborales de los futbolistas.
Las partes imputadas son la Dimayor, que reglamenta el fútbol profesional a nivel de clubes, y 16 instituciones: Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club, Tigres Fútbol Club, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético Fútbol Club, Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza Petrolera.
Las pruebas de la SIC se basan en las comunicaciones intercambiadas entre los dirigentes de los mencionados clubes. En estas se identificaron tres modalidades mediante las cuales le impedirían a un jugador desvincularse de un club.
Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor
La primera sería cuando un jugador decide terminar de forma unilateral su contrato por justa causa; el club alegaría que no existe justa causa y seguiría el contrato vigente como apoderado de los derechos deportivos del jugador.
La segunda, cuando un club le informaría al resto que un jugador terminó su contrato sin justa causa y sin que se cumpliera el plazo y que por lo tanto les solicitaba que no negocien o contraten a dicho futbolista.
Y tercero, los clubes informarían a los demás que a un determinado jugador está próximo a vencérsele el contrato y que no quiere renovar, y que por eso no deben ser contratados por otro equipo profesional.
"En todos los casos estas comunicaciones tenían una misma finalidad: presionar al jugador para que, en caso de querer vincularse laboralmente con otro club en Colombia, no negocie sus derechos deportivos directamente como un jugador libre, sino por intermedio de su antiguo empleador, quien obtendrá réditos económicos por esta transacción", según pudo leer el periódico El Espectador en el pliego de cargos.
Para la SIC esto constituiría una conducta anticompetitiva de las partes involucradas y un abuso sobre los jugadores al pretender retener sus derechos deportivos e impedirles ejercer libremente su actividad laboral a nivel nacional e internacional.
La investigación deberá determinar si los clubes mencionados y la Dimayor se aliaron para conformar lo que sería un cartel de trabajo.
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